Acuerdo de Escazú: democracia ambiental y datos abiertos
Una oportunidad para una nueva forma de cogestión de nuestro ambiente
El sector ambiental tiene tres grandes retos: la dispersión de la información, la desigualdad de capacidades tecnológicas entre instituciones y la desconexión de las pocas iniciativas valiosas que están usando tecnología.
Colombia aún no ratifica el Acuerdo de Escazú. Pasó un año en el que, entre discusiones y dilaciones, no se surtió el trámite necesario y la ratificación terminó archivada. En la actual legislatura, el Gobierno puede volver a radicar el Acuerdo, tal como se lo están pidiendo varias organizaciones ambientales. Con o sin radicación, la discusión sobre una política unificada de democracia ambiental sigue abierta y más sectores sociales deben conocer cómo ésta puede traer beneficios para la gestión ambiental del país.
Uno de los argumentos que utilizan los opositores del Acuerdo de Escazú es que no es necesario porque, dicen ellos, Colombia ya cuenta con las normas e instrumentos que garantizan los derechos de acceso, que incluyen el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Si bien esto es parcialmente cierto, el problema que tiene el país está en la desarticulación y la falta de cohesión de lo que existe. Es decir, Colombia no tiene una política estructurada sobre democracia ambiental, sino una colección de normas e iniciativas que no operan de la misma forma en todo el territorio ni con un mismo objetivo.
Una de las áreas en las que más se evidencia esto es en la apertura de datos ambientales y en la incorporación de tecnologías digitales para mejorar la participación en la gestión ambiental. El sector ambiental tiene tres grandes retos en esta materia: la dispersión de la información, la desigualdad de capacidades tecnológicas entre instituciones y la desconexión de las pocas iniciativas valiosas que están usando tecnología. Veamos punto por punto.
La dispersión de la información
El Sistema Nacional Ambiental (SINA) tiene alrededor de 40 portales que publican información en diferentes temporalidades, formatos e interfaces de usuario. Esta dispersión hace que para el ciudadano sea difícil encontrar lo que necesita. Por ejemplo, quien esté interesado en flora y fauna podrá empezar a buscar en el Sistema Nacional de Información Forestal ( SNIF), el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia ( SIB Colombia), el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas ( RUNAP) o el Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano ( SIAT-PC). Cada uno tiene categorías, formatos e interfases diferentes.
Si se quiere información sobre los mares y las costas, el Sistema de Información Ambiental Marina ( SIAM) afortunadamente centraliza gran parte de esta. Quien busque sobre calidad del aire puede empezar por el Subsistema de Información Sobre Calidad de Aire ( SISAIRE) y, para datos más detallados y actualizados, tendrá que buscar en portales locales como el SIATA para el Valle de Aburrá o en los tres visores que tiene Bogotá. Además de esta variedad de portales temáticos, varias Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tienen sus propios portales y sistemas de información.
Algunos portales como el Sistema de Información Ambiental de Colombia ( SIAC) deberían ser espacios donde converjan los datos que publican otros portales especializados, pero, como no hay interoperabilidad, se vuelve muy costoso mantenerlos actualizados. Por eso, si uno entra a buscar los datos de calidad del aire que ofrece este portal, se topa con que, por ejemplo, los últimos registros de PM 2.5 son de 2014.
La desigualdad de capacidades tecnológicas
Una política nacional de democracia ambiental garantizaría el derecho pleno de acceso a la información orientando todos los sistemas con los que cuenta el país hacia la “[generación, recopilación, disposición al público y difusión de la información ambiental relevante (…) de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y actualizada] periódicamente”, tal como lo propone el Artículo 6 del Acuerdo de Escazú. En este escenario, el Ministerio de Ambiente podría jugar un rol más activo para orientar al ciudadano hacia las diferentes fuentes, por ejemplo, mediante un portal como el SIAC donde converjan los datos más populares y se haga pedagogía sobre los usos y potenciales de la información que existe en el país.
Dentro del SINA, algunas instituciones han adelantado procesos avanzados de sistematización y estructuración de información para ser presentada al público, bien sea como datos abiertos o mediante portales de visualización, mientras que otras no tienen ningún dato abierto ni portales de visualización. En la mitad de ambos polos, hay una gran cantidad de datos que algunas entidades del sector han producido, pero que se encuentra desactualizada, desordenada o desestructurada.
El más reciente Índice de Evaluación de Desempeño Institucional (IEDI) que publica el Ministerio de Ambiente (del que, por cierto, no puede encontrarse información en los canales oficiales) ya muestra una gran diferencia de capacidades entre las CAR. Si bien la evaluación en el IEDI no se correlaciona con la calidad de la información que cada CAR publica, sí siguen existiendo grandes diferencias entre ellas. Por ejemplo, el portal de datos abiertos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) cumple con los requisitos técnicos principales de una buena política de datos abiertos: permite el acceso a datos geográficos, no exige usuario para descargar la información, está habilitado para interoperar con otros sistemas de información y permite descargar los datos gratuitamente. Otro portal, el de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), exige usuario para poder ingresar. ¿Cómo obtener el usuario? No es claro, por lo que ni siquiera se puede saber qué está disponible. Otras CAR ni siquiera tienen sistemas de información abiertos al público.
El complejo entramado de instituciones que componen el sector ambiente es tanto un reto como una oportunidad para la liberación de datos ambientales. El reto está en la compleja coordinación de casi 50 entidades dispersas en todo el territorio nacional y con diferentes capacidades técnicas para avanzar en la liberación simultánea de datos. La oportunidad está en el relacionamiento más directo que cada entidad puede tener con su territorio y nicho poblacional, pues tiene un conocimiento más profundo de su público objetivo. El acceso a la información y, en particular, la publicación de datos abiertos, no debe ser una acción pasiva, sino que debe trabajarse activamente con los públicos que pueden estar interesados en reutilizar esos datos. Por ejemplo, una junta de acción comunal puede estar interesada en monitorear las licencias ambientales que se están otorgando en su zona de influencia, un grupo de investigación puede estar buscando estadísticas actualizadas de calidad del agua o una fábrica puede querer conectar sus sistemas informáticos con los datos de gestión de riesgos y desastres que publica la CAR local.
Acceder a estos datos no debería implicar derechos de petición y esperas largas, sino que deberían estar listos para ser reutilizados y procesados sin restricciones para su reproducción, tal como propone el Acuerdo de Escazú. Una propuesta complementaria del Acuerdo, la promoción del acceso a la información ambiental que está en manos de entidades privadas, podría incluso ampliar la riqueza de datos a los que accedería la ciudadanía. Entender estas necesidades, mejorar el relacionamiento con grupos de interés y publicar datos abiertos de calidad permitiría avanzar en la solución de retos públicos y la creación de valor social y económico.
Iniciativas aisladas
Un último reto que enfrenta Colombia para el desarrollo de una política coherente de democracia ambiental es la conexión y la ampliación de iniciativas valiosas que están utilizando las tecnologías digitales para ampliar el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en los procesos de gestión ambiental. Un caso relevante está en los diferentes enfoques sobre la gestión de la calidad del aire de los tres centros urbanos más grandes del país. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es probablemente la autoridad ambiental más avanzada en esta materia pues no solamente tiene activo el portal del SIATA con información en tiempo real de más de 20 estaciones oficiales, sino que ha desarrollado desde 2011 un programa de ciencia ciudadana llamado Ciudadanos Científicos que hace pedagogía con e involucra a cientos de personas en la producción de datos usando sensores de bajo costo.
En el caso de Bogotá, la ciudad cuenta con una red de monitoreo de la calidad del aire abierta al público, pero el número de estaciones es similar al del Valle de Aburrá para una población casi dos veces superior; entre los indicadores estándar, la ciudad ofrece el IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire), un indicador que no es homologable a los demás que existen en el país y, hasta hace poco, los códigos de color que representaban los diferentes niveles de contaminación no eran los mismos que pide la norma nacional. A raíz de esto, la actual administración se encuentra trabajando en la actualización de la estrategia de comunicación y relacionamiento público de su línea de calidad del aire.
En el caso de Bogotá, la ciudad también cuenta con una red de monitoreo abierta al público, con datos en tiempo real y acceso a varios contaminantes. Recientemente, la autoridad ambiental ha comenzado a incorporar elementos de participación ciudadana y relacionamiento público, con un enfoque de gobernanza del aire. Si bien estos procesos aún son incipientes, son un gran avance frente a unos últimos años marcados por prácticas que generaban confusión y poca confianza en el público, como el uso de códigos de color para los niveles de contaminación con paletas diferentes al estándar nacional, o la reiterada inoperancia de estaciones en horas y temporadas críticas.
El caso de Cali es el más dramático pues la información es prácticamente inaccesible. A través del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Cali ( SVCAC), la autoridad pública boletines periódicos sobre el estado de la calidad del aire en formato PDF. Es decir, no pueden ni reutilizarse ni visualizarse. Además, su publicación es poco constante y está desactualizada. Por ejemplo, los últimos boletines publicados son de diciembre de 2020.
Estas diferencias entre las tres ciudades más grandes del país muestran cómo la apropiación de tecnologías digitales por parte de las autoridades ambientales para garantizar el máximo acceso a la información y mejorar la participación ciudadana no es una constante. Ante este panorama, la ciudadanía está respondiendo proactivamente desarrollando sus propios sistemas de monitoreo de calidad del aire con tecnologías de bajo costo. Por ejemplo, entre la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, en la que participan más de 20 organizaciones sociales, universidades, colectivos y ciudadanos de todo el país, y CanAir.IO, un proyecto ciudadano y abierto de sensores de bajo costo, se está creando una red nacional ciudadana de monitoreo que operará principalmente en ciudades intermedias.
Ampliar las capacidades de gestión ambiental no sólo requiere fortalecer las instituciones formales, sino desarrollar los mecanismos que permitan acceder a la inteligencia que pueden desarrollar las comunidades trabajando en colectivo. En otras palabras, el ambiente no puede gobernarse desde un escritorio ni con burocracia; exige mecanismos efectivos de participación. En otros sectores, como el de la inteligencia militar, esta forma colectiva de producción de servicios públicos ya está retando el monopolio estatal de la información. Por ello, en un contexto digital donde compartir datos y vincular sistemas de información es relativamente fácil, este tipo de iniciativas ofrece una oportunidad de colaboración y cogestión ambiental con las comunidades locales. Una política clara sobre democracia ambiental basada en el Acuerdo de Escazú permitiría hacerlo sistemáticamente.
El Acuerdo de Escazú es la oportunidad que tiene Colombia para formalizar una política de democracia ambiental que, hoy en día, se encuentra desarticulada y avanza a partir de intenciones esporádicas y no bajo un marco que encauce y nivele su desarrollo en todo el país. La democracia ambiental tiene como objetivo no sólo ofrecer garantías a más sectores de la población en la toma de decisiones, sino también mejorar la eficiencia en la gestión ambiental al incluir canales para acceder a la inteligencia de una colectividad con más conocimiento de y cercanía al territorio. Es decir, ofrece la posibilidad de superar el dilema entre democracia y eficiencia que erróneamente se ha popularizado entre algunos enfoques de la gestión pública. Ratificar este Acuerdo nos permitirá concebir de forma distinta la gestión ambiental, usando las tecnologías digitales para mejorar la participación y garantizar un real acceso a la información. Los datos abiertos se vuelven pues un elemento central con el potencial de detonar nuevos procesos de colaboración entre ciudadanía y gobierno.
Originally published at https://lalineadelmedio.com on August 24, 2021.
